miércoles, 10 de marzo de 2010

Meritocracia y eficiencia pública.

Francisco Sorto Rivas
Economista, especialista en Gestión de Políticas Públicas
fran.sorto@gmail.com
La meritocracia constituye una forma de gobierno basada en los méritos demostrables de las personas, donde las posiciones jerárquicas de las organizaciones se conquistan con base en el mérito individual, la observancia de valores colectivos y en el espíritu de una sana competencia, tal como con han sido formados los profesionales en la mayoría de países del mundo, tomando en cuenta por ejemplo, la excelencia en la educación o el desempeño histórico del profesional.
El Presidente de la República al tomar posesión de su cargo, destacó que promovería una gestión pública de corte meritocrática y la revisión que está haciendo una comisión, de alto nivel, para conocer diversos casos de suspensión de contratos en la administración pública parecen apuntar en esa dirección.
Dicha inspiración se vuelve palpable cuando los funcionarios públicos, por ejemplo, son seleccionados de acuerdo con su capacidad y siguiéndose procesos rigurosos de exámenes de ingreso, a la burocracia estatal.
Aunque en la mayoría de los países de la región podemos observar estos principios de contratación, sólo en Singapur y Finlandia se utilizan, de manera sistemática, estándares basados en méritos para seleccionar, inclusive, funcionarios de primer nivel para dirigir las instituciones públicas, es decir, las posiciones que en nuestros países se consideran puestos de confianza –políticos-, lo cual puede resultar extremo.
Sin embargo, en varios países desarrollados, particularmente aquellos de reciente industrialización, la contratación de los profesionales más competentes para la administración pública se ha convertido en una norma; Corea del Sur, Japón y Taiwán, son algunos ejemplos que se deberían estudiar en esta materia, donde el Estado de nutre de los mejores graduados universitarios.
El principal argumento en favor de la meritocracia es que asegura mayor eficiencia respecto a otros sistemas jerárquicos, dado que las distinciones entre los funcionarios, con mayor responsabilidad, no responden a criterios de sexo, raza, riqueza o posición social, etc. Esto no significa que con ello se pretenda acabar con las diferencias sociales existentes en la economía, sino que la motivación de instaurar un sistema de planificación estratégica del RRHH, en estas entidades, sería garantizar que los esfuerzos individuales en que se basa la prosperidad de las sociedades abiertas, se refuercen permanentemente y prosperen organizaciones eficientes; todo ello en beneficio de los contribuyentes.
Cabe destacar aquí, que el desempeño de la gran mayoría de empresas exitosas se basa, precisamente, en los procesos de selección seguidos para contratar su personal e inclusive, lo podemos apreciar en las organizaciones académicas, donde los resultados del perfil de salida de sus graduados no dependen, exclusivamente, del proceso de enseñanza aprendizaje adoptado, sino que además, del modelo educativo implantado para tales efectos, incluyendo, la definición del perfil de entrada exigido a los estudiantes que deseen matricularse y coronar sus carreras en dichos centros.
Si como gestores sabemos que los resultados dependen de la calidad de los recursos usados en el proceso de producción, incluyendo las competencias del RRHH contratado, las Instituciones Públicas se beneficiarían al seleccionar profesionales que les ayuden a asignar el presupuesto institucional de una mejor manera, en función de las políticas que deben administrar a través de ellas, en beneficio del colectivo imaginario.
Siempre que hay cambio de gobierno se insiste en la necesidad de promover una reforma administrativa del Estado orientada a mejorar la calidad del recurso humano que labora en sus dependencias; se habla además, de la necesidad de escalafonarlos y de proteger su estabilidad mediante reformas a la Ley del Servicio Civil; sin embargo, se ha avanzado poco en ello; esperemos que en esta ocasión, sí se lleve a cabo este tipo de esfuerzos en beneficio de la eficiencia y economía con deben administrarse los fondos públicos; la historia se ha encargado de demostrar que la amistad puede ser necesaria para escoger colaboradores, pero no es suficiente para obtener resultados positivos en la administración pública.

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