miércoles, 10 de marzo de 2010

CLIENTES Y DERECHOHABIENTES DE SERVICIOS PÚBLICOS

Por: Francisco Sorto Rivas
Economista
Especialista en Gestión de Políticas Públicas.

Antes de discutir, brevemente, algunas diferencias generales entre clientes y derechohabientes al hablar de servicios públicos, es necesario recordar que los derechos políticos y sociales que disfrutamos, provienen de la primera modernidad del Estado, cuando los súbditos se convirtieron en ciudadanos.

Es así como gradualmente la soberanía de los príncipes se transforma en soberanía popular y los derechos de los súbditos, otorgados en términos paternalistas por los primeros, en derechos del hombre y del ciudadano.

Ahora bien, cuando se prestan servicios públicos, como parte de una solución integral a un problema colectivo, los destinatarios de la política se convierten automáticamente en titulares de derecho, es decir, en derechohabientes, en los términos señalados en las leyes promulgadas para resolver el problema.

Por ejemplo, los derechos a la Seguridad Social aparecen enunciados en la Constitución de la República, señalando como sujetos de derecho a los trabajadores; mencionando además, que la Seguridad Social se considera un servicio público, pero lo público del servicio no proviene del referido enunciado, sino que del hecho de ser el fruto de acuerdos colectivos gracias a los espacios públicos disponibles, donde los acuerdos pretenden atender, sistemáticamente, ciertos estados de necesidad sufridos por los trabajadores; ya que el mercado, por alguna razón, no ofrecía una solución eficiente al problema. Los trabajadores se convierten, entonces, en titulares de derechos sustantivos.

En algunas ocasiones, la entrega de servicios públicos no requiere de pagos como contraprestación; en otras sí, aunque aquí la fijación de precios busca únicamente racionalizar su consumo, no pretende recuperar los costos de la provisión, ni hacer autosuficientes a las instituciones proveedoras.

Por otro lado, cuando los servicios públicos son prestados por terceros, su naturaleza continúa siendo pública, y los destinatarios de la política conservan su calidad de derechohabientes, aunque para garantizar la prestación del servicio se recurra a instrumentos de mercado, como sería el cobro de tarifas.

Desde la perspectiva de la Nueva Gestión Pública, cuando los gestores recurren a herramientas administrativas propias de la gestión privada, las diferencias entre clientes y derechohabientes pueden parecer difusas, ya que al adoptar la rendición de cuentas y el control ciudadano como medio para elevar el desempeño de las instituciones gubernamentales, éstas se publican cartas de derechos a favor de sus “clientes”.

Al hacer eso, se corre el riesgo de tratar a los derechohabientes como clientes convencionales que adquieren voluntariamente un servicio, dependiendo de sus posibilidades económicas y escogiendo entre múltiples oferentes, expresando su conformidad con la calidad del servicio por medio de la repetición de compras futuras; en contraposición con lo anterior, cuando hablamos del destinatario de una política pública, nos encontramos con que el vínculo entre la satisfacción por la calidad del servicio y el pago, es bastante tenue.

Por supuesto que usar este tipo de herramientas no es malo, pero deben manejarse cuidadosamente, procurando no degradar con ello la acepción jurídica de derechohabiente, reduciéndola a la categoría de consumidor, cuya insatisfacción por la calidad del servicio recibido se procese como una queja convencional y no, como la denuncia de una posible violación de derechos.

Es por ello que no deben confundirse los instrumentos de política –prestación privada de servicios públicos-, con los objetivos de la política que los sustentan. Por eso los servicios públicos caen en la órbita de la soberanía del derechohabiente y no, en el campo de la soberanía del consumidor, cuya expresión material proviene de su poder de compra; en tanto que el derechohabiente expresa su insatisfacción con la calidad del servicio público recibido, mediante la legitimación o no, del valor público creado con la gestión de recursos asignados por el Estado para solucionarle sus problemas.

Al reducir la categoría de derechohabiente al concepto convencional de cliente, se pueden comprometer los objetivos de las políticas públicas –resolver problemas colectivos-, ya que para obtener ciertos servicios públicos, el usuario tendría que pagar; así pueden quedar excluidos del servicio las personas que cuentan únicamente con las políticas públicas para resolver parte de sus problemas.

SISTEMA PREVISIONAL BOLIVIANO

Por Francisco Sorto Rivas.
Economista.

Recientemente apareció publicada en los periódicos locales, una noticia de la agencia EFE, originada en Bolivia, donde se hacia referencia a la confiscación de las acciones recibidas por los ciudadanos bolivianos, cuando se “capitalizaron” algunas industrias estatales, en la década de los 90, como parte de las políticas económicas emprendidas por los Gobiernos de turno, en el marco de la reforma para la modernización del Estado, inspiradas por el interés de elevar la eficiencia burocrática.

Parte de los ingresos recibidos por el Estado, de los inversionistas extranjeros que participaron en los procesos de privatización de varias empresas estratégicas, fueron distribuidas entre los ciudadanos, respetando algunos criterios técnicos fácilmente auditables, con el propósito de beneficiar directamente a la población con estas medidas de política.

Esos ingresos fueron expresados y reconocidos a los bolivianos, en forma de títulos de participación en las entidades capitalizadas y se registraron a su favor, en un Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), perfectamente identificable a su nombre, por su calidad de propietarios de estos haberes, para que cuando llegaran a la edad de retiro, sirvieran para financiar sus pensiones.

Debido al propósito exclusivo de los referidos recursos (FCC) y a la naturaleza del servicio de administración de derechos previsionales brindados por las AFP, resultaba lógico que éstas se encargaran de la administración financiera de las acciones de las empresas privatizadas que conformaron el referido fondo.

No obstante lo anterior, dichos recursos nunca pertenecieron a las AFP, ya que son propiedad de los trabajadores, por lo que el requerimiento del Gobierno para que se le entreguen las acciones de las industrias petroleras del FCC, coloca a las AFP en una situación bastante delicada, no sólo por el hecho mencionado en la noticia de la agencia EFE, acerca de la jerarquía jurídica de las leyes especiales bolivianas involucradas en el conflicto, es decir, la de capitalización y la de nacionalización de los hidrocarburos, sino porque se les está exigiendo entregar valores que no son suyos, y que pertenecen a los bolivianos.

Esta confusión demuestra una vez más, el poco conocimiento que todavía existe sobre la naturaleza de los servicios prestados por las AFP en países como los nuestros, ya que tiende a creerse que los Fondos de Pensiones son propiedad de éstas y que los rendimientos obtenidos al invertir las cotizaciones de los trabajadores, aparecen reflejados en los estados de resultado de las operadoras, incluso, debido a la utilización del sistema financiero como mecanismo de capitalización de los haberes previsionales de los afiliados, este servicio público se confunde, con alguna frecuencia, con otros estrictamente financieros de naturaleza privada.
Esto último parece estar pasando, en parte, en Bolivia, donde el Gobierno cree estar expropiando activos a las AFP, de capital extranjero, sin darse cuenta que con esa medida está confiscando parte de los ahorros para el retiro de los afiliados al sistema de pensiones y además, los únicos recursos que servirían para el pago de pensiones asistenciales de los bolivianos no cubiertos por ese tipo de sistema, bajo la figura de programas de seguridad social no contributivos.

Una de las preocupaciones que estarán agobiando a las AFP de dicho país, en estos momentos, será probablemente, la situación jurídica a que estarán expuestas al entregar al Estado activos financieros pertenecientes a terceros y cómo salvar su responsabilidad social ante esta medida, ya que el trabajador se percatará de la pérdida de sus ahorros, solamente hasta que solicite una pensión en el futuro.

Con esta medida, de no compensarse a los trabajadores por las acciones transferidas al Gobierno, a título gratuito, muchos bolivianos no cotizantes al referido sistema de pensiones, pero potenciales beneficiarios de pensiones asistenciales paraderas con cargo al FCC, no recibirán pensión alguna y todos, sin excepción, aún los que cotizan, recibirán una pensión inferior a la que les hubiera tocado, en caso de conservar la propiedad de sus acciones en el Fondo de Capitalización Colectiva.

Medios y Fines Previsionales

Por: Francisco Sorto Rivas
Economista

Al revisar noticias recientes sobre los sistemas de pensiones basados en la capitalización individual como los que se encuentran vigentes en diversos países de América Latina, queda la impresión que existe, todavía, alguna confusión sobre la naturaleza social de su concepción y los mecanismos de capitalización que constituyen la fuente de expansión de los haberes previsionales de los trabajadores que cotizan a ellos; esto se observa particularmente cuando su administración ha sido concesionada a operadores privados relacionados, de alguna manera, con grupos financieros.

De hecho se tiende a confundir, con alguna frecuencia, los medios de acumulación de recursos para sufragar el pago de pensiones futuras, con los fines que justifican la existencia de los sistemas de protección para sus miembros, en caso de presentarse ciertos eventos que les ocasionan pérdidas de ingresos -para ellos y sus familias- de origen salarial; no hay que olvidar que los Fondos de Pensiones que se forman con las cotizaciones de los afiliados, son el medio para hacer efectivas las obligaciones futuras originadas al interior del sistema, a favor de los afiliados cuando se invalidan o envejecen, o para sus familias, cuando mueren.

Hacer dicha diferenciación es relevante para entender, a cabalidad, la esencia social de los sistemas de pensiones, aunque éstos hayan experimentado reformas estructurales y sean administrados en la actualidad por operadores privados, sociedades mixtas u otras organizaciones de carácter autónomo; al diferenciar los fines perseguidos por estos esquemas de protección social, versus los medios usados para darle sostenibilidad financiera, se logra separar lo esencial de lo aparente, para fijar como énfasis de control público, el diseño y el funcionamiento de los procesos de reconocimiento de los derechos previsionales de los trabajadores.

En algunas ocasiones, los mecanismos de acumulación de los sistemas, suelen identificarse con su esencia misma y, a sus operadores, como algún tipo de intermediario financiero sui géneris, talvez por el hecho de percibirse como inversionistas institucionales delegados para gestionar los ahorros para el retiro de terceros. Esta confusión se observa a pesar del carácter público de los servicios prestados por estos operadores, posiblemente a raíz de la similitud que guardan con los Fondos de Inversión que administran ahorros voluntarios de los agentes económicos en general.






Cabe destacar aquí, que todo esquema de seguridad social de largo plazo, independientemente que esté basado en capitalización individual, reparto, modalidades mixtas o en cuentas nocionales, de hallarse relativamente capitalizado, contará con fondos de reserva que se invertirán temporalmente a través del sistema financiero, para el pago de las obligaciones futuras, sin que esto signifique, necesariamente, que los operadores deben considerarse parte del referido sistema.

Al separar e identificar apropiadamente los medios y los fines previsionales, se puede precisar mejor la preocupación del Estado por fortalecer la confianza en los procesos jurídicos y administrativos de reconocimiento de los derechos previsionales de los trabajadores, ya que el manejo prudente de su ahorro puede controlarse bastante bien, a través de los mecanismos de mercado.

En EEUU por ejemplo, se dan incentivos a los ciudadanos para que ahorren voluntariamente en fondos de inversión administrados por diversas instituciones financieras -al amparo de la directiva 401K-, para que al jubilarse dispongan de estos recursos y adquieran, posiblemente, rentas vitalicias con alguna aseguradora o los administren directamente mediante retiros programados en una cuenta bancaria; sin embargo, el régimen forzoso de sistema de seguridad social continúa regulado razonablemente por el Gobierno, el cual se esfuerza para mejorar permanentemente sus procesos para el reconocimiento de los derechos a pensión de sus afiliados.

Esto sugiere que al analizar los sistemas de pensiones, a pesar de utilizar al sistema financiero como resorte para acrecentar los haberes de los trabajadores para el retiro, no se debe olvidar que fueron diseñados para responder a una problemática concreta, asociada con determinadas contingencias enfrentadas por los trabajadores; caso contrario, se estarían descuidando las aspiraciones de los usuarios de la política pública que los originó. De no considerarse adecuadamente estos aspectos o relativizarlos demasiado, se puede acabar desnaturalizando los sistemas de pensiones y privilegiando los medios para la gestión de la política pública, sobre los fines de ésta.

Sistema Sueco de Pensiones

Por: Francisco Sorto Rivas
Economista

Recientemente se tuvo la oportunidad de conocer, con algún detalle, el sistema sueco de pensiones de vejez, el cual responde a las dificultades que enfrentaba el esquema anterior, que se basaba en el concepto de solidaridad intergeneracional y beneficios definidos.

El sistema de pensiones anterior funcionaba de manera similar a los observados aún en muchos países europeos, donde las pensiones de los jubilados son financiadas con las aportaciones de los trabajadores activos; vale destacar que la relación entre ambos grupos –pensionados y cotizantes- se conoce como tasa de dependencia.

De todos es conocido el fenómeno actual de envejecimiento de la población europea, como está sucediendo también en otras partes del mundo, como consecuencia de la caída en la tasa de natalidad y de la prolongación de la esperanza de vida de sus ciudadanos. Dicha situación ha adelgazado, por un lado, la base contributiva de los sistemas de pensiones e incrementado, por el otro, la presión financiera sobre las reservas acumuladas en el pasado, cuando los afiliados pensionados eran pocos.

El cambio observado en la tasa de dependencia antes señalada –disminución del número de contribuyentes por jubilados- llevó a las principales agrupaciones políticas suecas a reconocer la impostergable necesidad de reformar el sistema, en un momento en que disponían todavía de suficientes recursos para continuar funcionando relativamente bien durante algún tiempo; sin embargo, las proyecciones indicaban que debían implementarse cambios sustantivos para evitar una crisis futura.

Lo que se desea destacar aquí de la experiencia sueca, es la convicción que había, al más alto nivel político, que el sistema de reparto era insostenible y que cualquier partido que estuviera al frente del Gobierno, sería incapaz de mantener los montos de pensiones que se estaban otorgando y que su responsabilidad para proveerles de condiciones de vida aceptables a los ciudadanos -cuando se retiraran- tendría que ser compartidas por estos últimos.

Increíblemente, en una sociedad donde el Estado es considerado como el gran hermano encargado de brindar a sus ciudadanos, de atención pública desde la cuna hasta la tumba, éstos comprendieron rápidamente que parte de la responsabilidad del colectivo imaginario de proveerle de una pensión de vejez razonable, recaía también sobre ellos mismos y que el Estado les facilitaría alternativas prácticas para adquirir programas complementarios de retiro, a fin de incrementar así el monto de la pensión básica estatal.

El sistema multipilar sueco contempla entonces, la coexistencia de esquemas complementarios que les permiten a los trabajadores financiar su retiro mediante diversas fuentes; todos ellos de carácter contributivo por supuesto, multiplicándose de esta manera las opciones de inversión disponibles en el mercado, tales como planes de retiro privado o fondos colectivos de protección ocupacional.

Los suecos destinan parte de sus ingresos a programas individuales de jubilación o participan de esquemas colectivos de protección ocupacional, difiriendo así el consumo parcial de su salario, para utilizarlo cuando esté jubilado. La sociedad sueca ha ampliado el espectro de motivaciones para ahorrar, ya que periódicamente el Ministerio de Seguridad Social de dicho país, le informa a los trabajadores sobre el saldo que tienen acumulado en el sistema, para que se hagan una idea del monto de la pensión básica que podrían recibir exclusivamente del Estado.

La transparencia se ha convertido en una valiosa herramienta para que los ciudadanos planifiquen su retiro y asuman mayor responsabilidad sobre sus pensiones futuras. Anualmente la Caja de Seguridad Social que administra el sistema “nocional” de pensiones, envía detalladamente a todos sus cotizantes, el saldo acumulado a su favor, para que cada uno pueda decidir informadamente, qué hacer -ahorrar más o no- para incrementar sus ingresos cuando se jubilen.

Dicho detalle se les envía en un sobre anaranjado a los trabajadores para que hagan las valoraciones correspondientes y analicen qué hacer para mejorar sus pensiones; este mecanismo de formación previsional ha dado los resultados previstos, ya que los ciudadanos están pendientes, a principios de cada año, del envío del “sobre naranja” para conocer cuánto tienen para su pensión básica.

PLAN DE GOBIERNO

Francisco Sorto Rivas
Master en Economía, especialista en Gestión de Políticas Públicas
fran.sorto@gmail.com
Guardando las distancias, un Plan de Gobierno sería equivalente a un Plan Estratégico de una empresa, donde se identifican las medidas más importantes a implementar para pasar, de una situación dada, a otra deseada, después de algún tiempo, considerando ciertas restricciones presupuestarias; con base en este ejercicio de planificación, los responsables del Gobierno Corporativo de una empresa determinan cómo van a asignar los recursos disponibles e identifican a los responsables que ejecutarán las acciones estratégicas, por unidad organizativa; mientras que el desempeño de los gestores de cada una se evaluará, en función del cumplimiento de las metas encomendadas; con el tiempo deberían percibirse los resultados de la ejecución del Plan, ya sea en términos de posicionamiento de mercado, crecimiento de ventas, activos o utilidades, debiéndose comparar dichos resultados, además, con las metas prefijadas.
La importancia, entonces, de un Plan de Gobierno, así como la que tiene un plan estratégico empresarial, proviene del hecho que, a partir de un diagnóstico particular, se define la dirección que se dará a los esfuerzos de la administración pública en su conjunto; en él se expresarán las acciones que promoverá el Gobierno para alcanzar determinados objetivos de política; en este caso, las metas u objetivos operativos se reportarán en términos de satisfacción de las necesidades colectivas (bien común); mientras que en el caso de las empresas, las metas se determinan en términos de ganancias.
Sin embargo, en ambos casos, dichos planes resultan de un ejercicio de planificación destinado a coordinar todas las iniciativas de cada centro de rendición de cuentas, a partir de un objetivo común; en el caso del Gobierno, esta coordinación está mediatizada por un conjunto de objetivos de política.
Al no contarse con planes que articulen programas y definan proyectos que apunten en un mismo sentido de dirección, los resultados obtenidos por cualquier empresa -incluso si se tratara de un Gobierno- dependerán, principalmente, de la suerte, en el entendido que al carecerse de un marco referencial para guiar y evaluar el desempeño de las instituciones gubernamentales que lo conforman, será difícil controlar los resultados obtenidos y mucho menos, optimizar el uso de los recursos colectivos.
De ahí la importancia de los Planes de Gobierno, ya que cada institución pública debería contar con planes estratégicos propios; pero al ejecutarse de manera independiente al resto de entidades gubernamentales, no se puede decir que obedecen a objetivos comunes; es más, en algunos casos, la falta de coordinación originará fricciones entre instituciones que deberían trabajar armónicamente.
Por otro lado, un Plan de Gobierno constituye la expresión del interés del Gobierno por atender ciertas necesidades sociales, reflejándose este interés en las prioridades presupuestarias anuales, constituyéndose además, en la fuente, por excelencia, para el diseño de las políticas públicas, ya que es mediante éstas que se puede pasar de un estado inicial de cosas (situación imperante al realizar la planificación), a otro mejor, dentro de un horizonte de tiempo determinado. Cabe enfatizar aquí que, son las medidas de política ejecutadas por el aparato público, en su conjunto, las que conducen a la mejora en las condiciones de vida de la población; las características básicas de dichas medidas de política deberían estar contempladas, a la vez, en este instrumento marco.
Finalmente, es necesario mencionar que al formularse un Plan de Gobierno, deberían intervenir en su elaboración y debate, los responsables de todas carteras de Estado e instituciones públicas que tengan que ejecutarlo, de una u otra forma, ya que ellos estarán mejor calificados para valorar si las políticas que se pretenden impulsar, a través de las instituciones que administran, son viables o no, y podrán identificar, igualmente, los cambios institucionales, presupuestarios y legales que deberían realizarse para poderlas implementar razonablemente.

Meritocracia y eficiencia pública.

Francisco Sorto Rivas
Economista, especialista en Gestión de Políticas Públicas
fran.sorto@gmail.com
La meritocracia constituye una forma de gobierno basada en los méritos demostrables de las personas, donde las posiciones jerárquicas de las organizaciones se conquistan con base en el mérito individual, la observancia de valores colectivos y en el espíritu de una sana competencia, tal como con han sido formados los profesionales en la mayoría de países del mundo, tomando en cuenta por ejemplo, la excelencia en la educación o el desempeño histórico del profesional.
El Presidente de la República al tomar posesión de su cargo, destacó que promovería una gestión pública de corte meritocrática y la revisión que está haciendo una comisión, de alto nivel, para conocer diversos casos de suspensión de contratos en la administración pública parecen apuntar en esa dirección.
Dicha inspiración se vuelve palpable cuando los funcionarios públicos, por ejemplo, son seleccionados de acuerdo con su capacidad y siguiéndose procesos rigurosos de exámenes de ingreso, a la burocracia estatal.
Aunque en la mayoría de los países de la región podemos observar estos principios de contratación, sólo en Singapur y Finlandia se utilizan, de manera sistemática, estándares basados en méritos para seleccionar, inclusive, funcionarios de primer nivel para dirigir las instituciones públicas, es decir, las posiciones que en nuestros países se consideran puestos de confianza –políticos-, lo cual puede resultar extremo.
Sin embargo, en varios países desarrollados, particularmente aquellos de reciente industrialización, la contratación de los profesionales más competentes para la administración pública se ha convertido en una norma; Corea del Sur, Japón y Taiwán, son algunos ejemplos que se deberían estudiar en esta materia, donde el Estado de nutre de los mejores graduados universitarios.
El principal argumento en favor de la meritocracia es que asegura mayor eficiencia respecto a otros sistemas jerárquicos, dado que las distinciones entre los funcionarios, con mayor responsabilidad, no responden a criterios de sexo, raza, riqueza o posición social, etc. Esto no significa que con ello se pretenda acabar con las diferencias sociales existentes en la economía, sino que la motivación de instaurar un sistema de planificación estratégica del RRHH, en estas entidades, sería garantizar que los esfuerzos individuales en que se basa la prosperidad de las sociedades abiertas, se refuercen permanentemente y prosperen organizaciones eficientes; todo ello en beneficio de los contribuyentes.
Cabe destacar aquí, que el desempeño de la gran mayoría de empresas exitosas se basa, precisamente, en los procesos de selección seguidos para contratar su personal e inclusive, lo podemos apreciar en las organizaciones académicas, donde los resultados del perfil de salida de sus graduados no dependen, exclusivamente, del proceso de enseñanza aprendizaje adoptado, sino que además, del modelo educativo implantado para tales efectos, incluyendo, la definición del perfil de entrada exigido a los estudiantes que deseen matricularse y coronar sus carreras en dichos centros.
Si como gestores sabemos que los resultados dependen de la calidad de los recursos usados en el proceso de producción, incluyendo las competencias del RRHH contratado, las Instituciones Públicas se beneficiarían al seleccionar profesionales que les ayuden a asignar el presupuesto institucional de una mejor manera, en función de las políticas que deben administrar a través de ellas, en beneficio del colectivo imaginario.
Siempre que hay cambio de gobierno se insiste en la necesidad de promover una reforma administrativa del Estado orientada a mejorar la calidad del recurso humano que labora en sus dependencias; se habla además, de la necesidad de escalafonarlos y de proteger su estabilidad mediante reformas a la Ley del Servicio Civil; sin embargo, se ha avanzado poco en ello; esperemos que en esta ocasión, sí se lleve a cabo este tipo de esfuerzos en beneficio de la eficiencia y economía con deben administrarse los fondos públicos; la historia se ha encargado de demostrar que la amistad puede ser necesaria para escoger colaboradores, pero no es suficiente para obtener resultados positivos en la administración pública.

Calidad de los Servicios Públicos

Francisco Sorto Rivas
Economista, especialista en Gestión de Políticas Públicas
fran.sorto@gmail.com
La percepción ciudadana acerca de la preocupación del Gobierno por su bienestar y por ende, de su desempeño y legitimidad, está relacionada con la asignación presupuestaria de los recursos públicos para implementar políticas públicas destinadas a satisfacer necesidades colectivas.

Debemos enfatizar aquí que dicha percepción tiene un origen sensorial y emocional, de tal manera que la ciudadanía construye una imagen sobre las políticas públicas, no con base en su diseño, sino que por los resultados observados, es decir, por el trabajo realizado por las instituciones públicas.

De ahí la importancia de la gestión integral de las políticas públicas, que muchas veces se perciben como inoperantes, a pesar que el legislador se tomó el tiempo suficiente para evaluar diversas alternativas de intervención pública para atender problemas colectivos urgentes y además, escogió las mejores.

Sin embargo, las instituciones que las ejecutan muchas veces carecen de las competencias legales necesarias para operativizarlas o de recursos materiales, humanos u organizativos apropiados para alcanzar los objetivos trazados por los hacedores de política; o no se dispone de los mecanismos de coordinación adecuados cuando las medidas de política deben gestionarse entre varias entidades.

De tal manera que la percepción sobre el desempeño del Gobierno no depende únicamente de una asignación presupuestaria eficiente o de la capacidad que se tenga para diseñar políticas, programas y proyectos, sino que además, está supeditada a la capacidad institucional para ejecutarlas.

Habiéndose destacado cómo se alimentan las percepciones ciudadanas acerca del desempeño gubernamental como administrador de los recursos públicos, podemos pasar a un nivel de detalle mayor de análisis para comprender sus orígenes y algunas acciones que se pueden implementar, sin costo, para mejorarlas.

Partiendo del componente sensorial de las percepciones, los destinatarios de las políticas públicas aprecian su importancia al entrar en contacto con las instituciones encargadas de entregarles productos o servicios diseñados para hacerlas efectivas.

Esto supone que, dependiendo de la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos por las instituciones gubernamentales, así será su percepción, buena o mala. Esto explicaría eventuales desencantos frente al funcionamiento de la institucionalidad organizada para tutelarle sus derechos.

Si en las instituciones se diseñan dichos servicios, a partir únicamente del sentido común y los procesos carecen, además, de una definición apropiada que garantice brindarlos con ciertos estándares de calidad, la asignación de los recursos públicos resultará ineficiente, especialmente cuando a los responsables de liderarlas les surjan dudas sobre el sentido teleológico de las respectivas misiones institucionales.

Esto es lo que se observa muchas veces en la realidad, servicios relativamente incongruentes con las necesidades sociales y además, procesos diseñados en función de la conveniencia institucional y no, en la comodidad de los usuarios; esta realidad abre las puertas para casos de corrupción como los señalados recientemente por el Director del ISSS, refiriéndose a ciertas prácticas atribuidas a un reducido número de trabajadores de su Unidad de Pensiones, quienes estaban vendiendo tiempo a las personas que estaban tramitando pensión: Alteraban Historiales Laborales para que los interesados obtuvieran mejores pensiones, a cambio de dinero.

En todo caso, supongo que la corrección de las consecuencias de estas prácticas, se hace respetando el debido proceso, dado el carácter de actos administrativos que tiene la generación de esos historiales.

Ahora bien, continuando con el ejemplo del ISSS, cabe destacar que el reconocimiento público de este tipo de situaciones justifica promover medidas de reingeniería a nivel de burocracia estatal. No debemos olvidar que en materia de servicios, la calidad se perfecciona al prestarlos -no se pueden probar antes de adquirirlos-, volviéndose crítico, entonces, el diseño de procesos, su control y el compromiso por su mejora continua y además; además, la percepción de la calidad se construye a todo lo largo de la cadena del servicio. Mejorando así el diseño de los servicios públicos y sus procesos, se mejoraría la percepción acerca del compromiso gubernamental por el bien común.

PLANES DE GOBIERNO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y NECESIDADES COLECTIVAS

Francisco Sorto Rivas
Economista, especialista en Gestión de Políticas Públicas
fran.sorto@gmail.com
Las instituciones públicas son importantes porque a través de ellas se ejecutan las políticas públicas diseñadas por el Gobierno para resolver necesidades colectivas que, por diferentes circunstancias, requieren de la intervención del Estado para garantizar su satisfacción a nivel general, sin que esto signifique que deba prestar todos los servicios que, en materia de derecho administrativo, se consideran de naturaleza pública; sin embargo, está en la obligación de promover su provisión.
En algunos casos, debido a restricciones presupuestarias, decisiones políticas o algún tipo de deficiencia institucional, el Estado concesiona la prestación de servicios públicos, para lo cual reglamenta su provisión, emite los actos condición para que terceros asuman la tarea de prestarlos y además, emite los actos jurídicos necesarios para el reconocimiento de derechos a los concesionarios, los cuales no pueden ser restringidos arbitrariamente, en el futuro, sin compensarlos por la pérdida o restricción de los derechos que se habían otorgado (seguridad jurídica).
Inclusive, el Estado debe cerciorarse que las condiciones previstas para la prestación de servicios complementarios a las políticas públicas, pero de naturaleza privada, sean consistentes con ciertos estándares de calidad; caso contrario, el Estado puede restringirle a los privados su prestación, aunque no se utilicen para tales propósitos recursos públicos, tal es el caso de las instituciones privadas de educación, que al ser evaluadas por el Ministerio de Educación pueden verse impedidas para operar porque no reúnen las condiciones mínimas necesarias para brindar servicios educativos, dentro de ciertos parámetros; lo mismo pasa con las instituciones que prestan servicios privados de salud, que deben estar acreditadas ante Consejos de Vigilancia; lo mismo sucede con las instituciones financieras.
Dependiendo de la gravedad y amplitud de los problemas colectivos, así son las prioridades que ocupan en los planes de Gobierno y la importancia estratégica que tienen las instituciones encargadas de administrar políticas públicas concretas. Dado que la visibilidad de los problemas cambia con el tiempo, gracias al éxito o fracaso de las políticas públicas implementadas para su atención, la importancia estratégica de las instituciones públicas también cambia conforme se modifica la ontología del problema que demandó su creación.
Es por esta razón que instituciones como la Fuerza Armada, por ejemplo, tienden a crecer en épocas de conflicto y de amenazas a la soberanía nacional; o cuando crece la delincuencia, las entidades encargadas de la seguridad interna deben readecuarse a las exigencias temporales; mientras que, cuando la gravedad o amplitud de las necesidades colectivas están controladas, las instituciones que administran políticas en esos ámbitos, suelen achicarse para liberar recursos y utilizarlos así, en otras prioridades sociales.
Es por esta razón que cuando se impulsan programas nuevos, o se redefinen otros ya existentes, las instituciones encargadas de administrar las políticas que les han dado vida, sufren algún tipo de transformación; adicionalmente, dichos cambios suelen revelar, a la vez, cuáles son las áreas esenciales para el Gobierno; se refuerzan las instituciones responsables de proyectos y programas estratégicos y se les resta protagonismos a aquellas que intervienen sobre problemas colectivos de menor importancia (menos graves).
En todo caso, es necesario fijarse en las misiones de las instituciones que reciben más apoyo a fin de identificar dónde están las apuestas estratégicas del Gobierno; si la salud pública es importante para éste, destinará más recursos a las instituciones relacionadas con dicha cartera de Estado y promoverá su fortalecimiento institucional; si la preocupación es el sanidad de las instituciones financieras, reforzará las competencias de las instituciones reguladoras del crédito y de la captación de ahorro del público en el país.
De ahí que, para hacerse una idea de la orientación de los planes de Gobierno, no sólo hay que fijarse en los discursos, debemos ver las políticas públicas promulgadas, los recursos presupuestarios que las respaldan, el diseño organizacional en que descansa su ejecución y la orientación de las instituciones a través de las cuales se pretenden impulsar.

TRANSPARENCIA EN LA GESTION PUBLICA Y DEMOCRACIA

Francisco Sorto Rivas
Economista
Docente, Facultad de Maestrías y Estudios de Postgrado.

Hace algunos días tuvimos el placer de escuchar hablar al profesor Sanz Mulas sobre la importancia de la transparencia en la administración del gasto público, ponencia que se inscribió en el marco del Diplomado que sobre Política Fiscal en El Salvador se impartió en la Facultad de Maestrías y Estudios de Postgrado de la Universidad Tecnológica de El Salvador, en alianza con la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), el cual finalizó, con su sexto módulo, el 17 de octubre de este año (2009); dicho módulo se refirió, por cierto, a la Transparencia Fiscal y la Rendición de Cuentas.

Este tipo de esfuerzo académico es consistente con la misión institucional de la Universidad que aspira a promover cambios fundamentales para nuestra sociedad, reconociendo que la transparencia en la gestión pública en general, y la administración responsable de los recursos públicos, en particular -en función del bien común-, legitima cualquier régimen democrático, al reconocérsele su preocupación por la eficiente asignación de los recursos tributarios para la satisfacción de las necesidades colectivas consideradas prioritarias por la sociedad, observándose en ello, principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía de recursos.

Cabe mencionar además, que la instalación de un sistema de rendición de cuentas contribuye a que la ciudadanía esté informada sobre el uso de los impuestos y la responsabilidad del Gobierno al gastarlos; esto permite que los bienes y servicios adquiridos para satisfacer necesidades colectivas se obtengan con base en una evaluación objetiva de las ventajas y desventajas de cada solución probable y de los costos y beneficios imputables a cada alternativa; esto propicia, naturalmente, un ambiente de confianza en torno al quehacer de las instituciones públicas, permitiéndoles ejecutar sus respectivas propuestas estratégicas de creación de valor público.

Consciente de su compromiso social, la Universidad considera que con la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas se apuntala la democracia como modelo político ideal para la realización plena del ser humano como persona.

Hay múltiples estudios que demuestran que existe una relación directa entre la transparencia y el desarrollo económico de los países y esto es así porque los recursos que se distraen de la actividad económica, mediante el cobro de impuestos, deben ser invertidos de manera socialmente rentable en bienes y servicios que mejoren la calidad de vida de la población y creen, a la vez, condiciones de estabilidad social para la ejecución de proyectos de inversión de larga maduración. El leitmotiv entonces de una administración pública deseable sería congruente con una cultura de transparencia y rendición de cuentas.

Partiendo del supuesto que el mercado es un mecanismo eficiente para la organización de la producción, en función de las prioridades sociales expresables a través de una demanda efectiva, nos podríamos preguntar entonces, qué rol debería desempeñar el Estado dentro de una economía de mercado, y encontraríamos rápidamente la respuesta en las necesidades de aquellos segmentos de la población con escaso poder de compra y cuya realización personal requiere de una intervención deliberada del Gobierno para suplirles sus carencias inmediatas y mediatas y además, para ofrecerles opciones reales para remontar su situación económica imperante, de forma auto sostenible. Todo esto supone la existencia de una especie de contrato social, donde los que tenemos algunas posibilidades materiales nos solidarizamos con aquellos que no las tienen, para sufragar, a través de los impuestos, una serie de servicios y bienes considerados meritorios por todos nosotros.

De hecho, la identificación de esas necesidades prioritarias la hemos delegado a nuestros gobernantes, así como el manejo responsable de los recursos colectivos que le entregamos para el bien común; esto impone al funcionario público una mayor responsabilidad ética, respecto al ejecutivo de una empresa privada que, pervirtiendo su labor, termina gestionando los recursos de la firma en beneficio personal y no, del dueño (conflicto de agencia) -en el caso de la gestión pública estaríamos hablando de corrupción-; digo esto porque, aunque ambas acciones son igualmente execrables (conflicto de agencia y corrupción pública), los recursos colectivos (impuestos) constituyen la única opción de atención médica, de obtención de educación de calidad y de techo digno, por ejemplo, para una gran parte de la población; es por eso que el gasto de las instituciones públicas debe ser transparente y los funcionarios públicos deben rendirle cuentas a los contribuyentes sobre cómo han usado sus impuestos para solucionar las condiciones carenciales de grandes sectores de la población y potenciar, asimismo, el crecimiento sostenido de la economía.

Ahora bien, es necesario enfatizar que esta cultura de transparencia y rendición de cuentas no es producto de una generación espontánea, sino que debe construirse a partir de la conciencia ciudadana acerca del rol del Estado en la sociedad y de las instituciones públicas como su expresión más visible, a través de las cuales se implementan políticas para elevar la calidad de vida de la población; en esta tarea de concientización ciudadana juegan un papel fundamental las universidades, al comprometerse con la formación integral y ética de sus estudiantes.

Convencidos de todo esto y de los esfuerzos que se vienen haciendo en el país en pro de una institucionalidad que sea garantía para el ciudadano común, de la transparencia en la gestión de la cosa pública, del combate a la corrupción y la apertura de espacios públicos para fortalecer la democracia, nos da mucha satisfacción apreciar los espacios públicos que se abren en esta Universidad para que personas como el profesor Sanz, contribuya al debate de este tipo de temáticas que revelan, claramente, la relación existente entre la transparencia y la democracia, la cual se ve comprometida, de tanto en tanto, como consecuencia de la opacidad en el manejo de los fondos públicos y la desatención de grandes problemas colectivos que demandan solución urgente.

MISIÓN EDUCATIVA, DISEÑO INSTRUCCIONAL Y PLANIFICACIÓN DE CLASES

Francisco Sorto Rivas.
Economista.
Docente, Facultad de Economía, Empresas y Negocios.
Universidad Dr. José Matías Delgado

I. INTRODUCCION

El presente trabajo tiene por objeto describir grosso modo algunos elementos esenciales para el diseño instruccional de una asignatura, a partir de la experiencia personal como docente universitario. Todo esto con el ánimo de aplicar conceptos modernos sobre el proceso de diseño intruccional institucional y su relación con la intervención docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje formal, bajo la lógica del currículum adoptado por un centro educativo particular.

Para desarrollar este ensayo voy a partir de una cátedra que imparto en la Universidad Dr. José Matías Delgado, para los estudiantes de último año, inscritos en el programa de Maestría en Gerencia Pública y Social. La he escogido para este ejercicio por la particularidad que tiene la carrera en nuestro medio, a pesar de la importancia que tiene la gestión profesional de la cosa pública en toda sociedad.

Además, porque dicho programa de formación se ha mantenido, no obstante ser financieramente deficitario, como parte del esfuerzo de la Universidad por contribuir al desarrollo nacional, a través de la educación y la cultura, siendo consistentes con la Misión institucional que reza: “Formar por medio de la docencia, la proyección social y la investigación, profesionales capaces de integrarse y desarrollarse en un entorno nacional e internacional, con alta competencia, espíritu de investigación e innovación, sólida moralidad, profunda sensibilidad humana y clara visión del futuro”. Dicho centro de educación superior también ha asumido como Visión estratégica lo siguiente: “Tener consolidada y proyectada su excelencia académica dentro de un proceso de acreditación permanente, nacional e internacional, manteniendo su liderazgo institucional y asegurando que sus graduados compitan exitosamente en un mundo globalizado”.

Teniendo como telón de fondo esa filosofía institucional, se pueden examinar la organización y la dirección académicas del centro, teniendo como referente indiscutible, además, la Ley de Educación Superior y las políticas públicas vigentes en materia educativa en nuestro país.

Queda claro en esta declaratoria de intenciones sobre el deber ser de la Universidad y la orientación que le están dando a sus esfuerzos, según lo señalado en su Visión estratégica, que los ejes sustantivos para ésta son la docencia, la investigación y la proyección social, que le servirán de vehículos para incidir sobre el entorno social donde está inserta la institución; pero que lo harán de manera contextual, es decir, en ambas direcciones, nutriéndose del medio para diseñar sus propuestas educativas, pero a la vez, procurando impulsar iniciativas de cambio social.

Resulta interesante hacer este tipo de reflexión porque nos permite entender mejor la lógica del diseño instruccional a lo largo y ancho de la organización de una institución de formación superior, particularmente en lo relacionado con sus cadenas centrales de valor, como son la educación, la investigación y la proyección social, y cómo en torno a éstas se diseña además toda una supraestructura que le da sentido práctico, se dispone de los medios físicos y humanos para realizar las ideas programáticas y se comienza a desplegar todo un esfuerzo de coordinación interna congruente con los enunciados de la Misión y de la Visión.

De ahí surge la selección de áreas de incidencia para desarrollar las competencias profesionales demandas por la sociedad y que resulten coincidentes con dicha Visión estratégica.

Por razones de espacio no voy a hablar de la estructura organizacional de la Universidad, aunque sería útil hacerlo para comprender de la mejor manera el diseño instruccional en toda su dimensión; pero me voy a detener a un nivel más bajo de su despliegue interno, es decir, a nivel de facultad, la cual está organizada en programas de maestría, carreras y diplomados, a través de los cuales interviene en los hechos educativos locales e incide sobre su evolución histórica.

II. DESARROLLO DEL DISEÑO INSTRUCCIONAL COMO RECURSO DE APRENDIZAJE

Ahora bien, a nivel del Programa de Maestrías nos encontramos con la Maestría en Gerencia Pública y Social, con la cual se pretende entregarle a la sociedad salvadoreña, profesionales capaces de conocer, analizar y valorar los diferentes aspectos relacionados con la gerencia y la administración de las organizaciones públicas gubernamentales, centrales y municipales, así como con organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que persigan el bienestar de la sociedad en sus diferentes ámbitos y realizar sus acciones a través de proyectos de inversión económica y social. /

A continuación se presenta una ilustración personal sobre cómo concibo la organización del currículo institucional y además, cómo está organizada la Facultad de Economía, Empresas y Negocios, que es donde se alberga la Maestría en Gestión Pública.

Gráfica 1
ESQUEMA ORGANIZACIONAL QUE EXPLICA EL CURRÍCULO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DOCTOR JOSE MATIAS DELGADO



































(Fuente: Elaboración propia, a partir de los programas de estudio de la Universidad)

En la ilustración anterior se hace una sobresimplificación del organigrama de la Universidad Dr. José Matías Delgado para resaltar cómo el diseño de la unidad pedagógica, de una asignatura de la Maestría en Gestión Pública y Social del programa de Maestrías, de la Facultad de Economía, Empresa y Negocios, responde a una visión curricular integral, la cual está alineada con su Misión o deber ser.

De ahí resulta más sencillo entender la supraestructura y el sentido teleológico que rige su dirección académica, su oferta educativa y la lógica de su intervención sobre los hechos educativos de nuestra sociedad.

En ese sentido, cabe destacar cómo está organizada, a la vez, la Facultad de Economía.

Gráfica 2
CARRERAS SERVIDAS POR LA FALCULTAD DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y NEGOCIOS DE LA UNIVESIDAD DOCTOR JOSE MATIAS DELGADO.

Maestrías
Maestría en Finanzas Empresariales
Maestría en Gerencia Pública y Social
Maestría en Negocios Internacionales
Carreras
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Economía Empresarial
Licenciatura en Finanzas Empresariales
Licenciatura en Gerencia Informática
Licenciatura en Mercadotecnia
Licenciatura en Turismo
Diplomados
Diplomado en Administración Aduanera
Diplomado en Bienes Raíces
Diplomado en Logística
Diplomado en Marketing Estratégico
Fuente: http://www.ujmd.edu.sv/?q=ofertas
Se puede apreciar así en la ilustración anterior que la Facultad de Economía administra 7 programas de licenciatura, 3 de Maestría y 4 de Diplomado; mientras que ejecuta sus planes educativos mediante otras facultades adicionales que resulta inoficioso detallar aquí; lo mismo cabe señalar en relación con la proyección social y el área de investigación que forman parte esencial de su quehacer educativo y cultural.

Regresando a la carrera de Maestría en Gestión Pública y Social, es necesario señalar que las 17 asignaturas por medio de las cuales se promueve el perfil profesional resaltado al inicio del presente trabajo, están organizadas en 5 ciclos, según aparece en el gráfico 1, los cuales procedo a mostrar inmediatamente.

Cuadro 1
PENSUM DE MAESTRÍA EN GERENCIA PÚBLICA Y SOCIAL
CICLO 1 CICLO 2 CICLO 3 CICLO 4 CICLO 5
1. Estadística, política y administración pública.
2. Estadísticas y métodos cuantitativos.
3. Teoría económica.
4. Métodos y técnicas de investigación. 5. Contabilidad financiera.
6. Diseño organizacional
7. Mercadotecnia de los servicios públicos. 8. Gerencia de recursos humanos.
9. Gerencia pública.
10. Formulación de proyectos.
11. Estrategias de negocios y solución de conflictos. 12. Control y evaluación de instituciones públicas y sociales.
13. Evaluación financiera, económica y social de proyectos.
14. Gerencia de calidad de los servicios públicos. 15. Evaluación del impacto ambiental.
16. Inversión y cooperación internacional
17. Gerencia de proyectos.
(Fuente: Plan de Estudios de la Maestría en Gerencia Pública y Social)

Si recordamos cuál es el perfil del profesional que la Universidad se compromete a entregarle a la sociedad como resultado de su intervención sobre los presaberes de los estudiantes inscritos en la carrera, resulta necesario valorar cuáles son los requisitos exigidos para estudiarla, siendo éstos: tener título de licenciatura, ingeniería, arquitectura o doctorado, registrados debidamente por el Ministerio de Educación; asimismo, solicitan una certificación original de notas extendida por la universidad donde se graduaron; también deben estar registradas en el referido ministerio; mientras que, para el caso de carreras cursadas en el extranjero, se requiere que el título y las notas estén debidamente legalizadas. / No es indispensable tener experiencia o desempeñarse laboralmente en una institución de carácter público para ingresar a la carrera.

Dado el perfil profesional perseguido por la Universidad, es lógico que una de las asignaturas, precisamente la identificada con el número 13 dentro del pensum, estuviera destinada a la evaluación financiera, económica y social de proyectos, dado que el valor de las organizaciones tanto públicas como privadas, según sea el caso, se incrementa al asignarse eficientemente los recursos a su disposición; de lo contrario los beneficios recibidos por accionistas y ciudadanos, dependiendo de la organización de la cual estemos hablando, serían inferiores a los costos incurridos para entregar bienes y servicios al mercado o a la sociedad, dependiendo del tipo de consumidor o usuario que estén sirviendo.

Es más, la gerencia de una organización debe procurar, en todo momento, que sus decisiones se traduzcan en la preservación o incremento del valor de las organizaciones, lo cual supone valorar opciones de inversión de manera objetiva, a fin de reducir el riesgo de fracaso para los proyectos que sean ejecutados.

Partiendo del hecho de que las necesidades son ilimitadas y los recursos escasos, las decisiones de asignación de recursos deben basarse en una información confiable sobre temas relevantes para el éxito de los proyectos ejecutados, particularmente cuando estamos hablando de soluciones colectivas implementadas por el Gobierno en procura del bien común.
De ahí que la justificación de la asignatura sea la siguiente: desarrollar un profundo acercamiento e integración de conceptos y metodologías en los campos de las finanzas, de la economía y de lo social en el ciclo de proyectos y la administración pública.
El curso consiste, entonces, en introducir al estudiante al instrumental técnico de algunas metodologías convencionales de evaluación económica para determinar el rendimiento esperado de la inversión, en función de sus costos, todo ello desde una perspectiva social. Además, mediante el desarrollo de la asignatura se espera que el estudiante sea capaz de identificar proyectos socialmente rentables, donde la asignación de los recursos responda a los objetivos de política de desarrollo del país, en general o de algún otro tipo en particular, dependiendo de la naturaleza de organización que se esté dirigiendo.
Se busca desarrollar, igualmente, el conocimiento y la aplicación de prácticas modernas de administración financiera que faciliten al gestor, desarrollar habilidades para determinar el rendimiento esperado de las inversiones y de los costos de su financiamiento.
El objetivo general de la asignatura debería ser, entonces: aprender a evaluar, a través del instrumental técnico, financiero-económico, proyectos de inversión y desarrollo, definiendo criterios claros para la asignación de recursos, frente a variedad de alternativas de inversión, considerando el carácter social de los proyectos. /
Según aparece en la Gráfica 1, la asignatura está dividida en 9 unidades pedagógicas, siendo la segunda, la denominada El Valor Temporal del Dinero, la que utilizaré para el presente ejercicio de planificación didáctica, cuyo objetivo general es analizar el valor del dinero en el tiempo.
II.1 JUSTIFICACIÓN GENERAL
La evaluación de proyectos consiste en valorar la conveniencia de realizar proyectos que demandarán recursos de la organización o de la sociedad, cuando hablamos de proyectos públicos, y cuyos beneficios se recibirán a lo largo de la vida útil de la inversión, de tal manera que los costos y beneficios asociados con la ejecución de un proyecto, no ocurren en un solo momento en el tiempo, por lo que, para compararlos con la inversión inicial hay que convertirlos a valores equivalentes.
Tal situación requiere convertir ingresos que se percibirán en el futuro, en valores presentes o movimientos de efectivo realizados hoy, en valores futuros, a fin de hacer comparables los movimientos de dinero que ocurren en diferentes momentos espacio-temporales.
A manera de ejemplo podemos decir que la mayoría de personas preferirían recibir en pago $1 hoy, que recibirlo dentro de unos días; no sólo por la incertidumbre de que se haga realidad la promesa de pago, sino que además, porque el $1 recibido hoy, nos hubiera generado algún rendimiento en el tiempo, lo cual convencionalmente se conoce como interés. / Esquemáticamente esto lo podemos representar mediante la gráfica siguiente.










Gráfica 3
CONVERSIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSIDERANDO EL VALOR CRONOLÓGICO DEL DINERO







II.2 FUNDAMENTOS ANTROPOLÓGICOS

Debido a que la sociedad salvadoreña, al igual que la mayoría de sociedades latinoamericanas están en un proceso de crecimiento ciudadano, donde la población está cada vez más consciente de la responsabilidad que tienen sus gobernantes para resolver diligentemente aquellos problemas que requieren del concurso estatal (intervención) para ello, resulta crítico el uso probo de los recursos públicos y la revelación de los resultados alcanzados mediante la ejecución de proyectos.

La transparencia en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas por la gestión de la cosa pública requiere, de parte de las autoridades de Gobierno, una mayor racionalidad al definir las prioridades en sus agendas, de tal manera que resulten coincidentes con las expectativas y aspiraciones de la población; todo ello para preservar algún grado de legitimidad estatal, gobernabilidad y por ende, márgenes de maniobra suficientes para ejecutar sus planes de acción (Plan de Gobierno).

En ese sentido se vuelve crítica la identificación correcta de los problemas comunes que requieren de una acción por parte del Estado, así como la elaboración de un diagnóstico adecuado sobre la problemática que se desea resolver, la exploración de opciones para su solución y la evaluación de aquellas que resulten socialmente más rentables.

De ahí la importancia de estudiar responsablemente la Teoría del Valor Actual, cuya expresión matemática se presenta a continuación, y su adecuada incorporación a los procesos de decisión y asignación de recursos dentro de la organización.

Donde:

VAN = Valor Actual Neto;
I = Valor total de la inversión en el período “0”;
Ingresos – Egresos = Saldo del flujo neto anual de caja en el año “n”
N = Total de años del período de vida útil económica estimada;
i = Tasa de descuento planteada por la inversión;
n = año del período de vida útil económico;
VS = Valor residual, rescate o salvamento;
KT = Capital de trabajo.

La expresión anterior representa el Valor Actual Neto (VAN) / y gracias a su aplicación se pueden identificar opciones de inversión socialmente rentables.

Cabe destacar aquí, que sería deseable que los estudiantes que cursaran esta asignatura tuvieran experiencia en la administración pública u ONG, a fin de comprender el sentido de urgencia que tienen algunos problemas que afectan a colectivos imaginarios concretos, los cuales no pueden ser resueltos sin la intervención del Estado.

Mediante la aplicación de los principios del valor cronológico del dinero, los gestores públicos deberán adquirir las habilidades y actitudes apropiadas para establecer prioridades y asignar recursos institucionales a la solución de los problemas incorporados en sus respectivas agendas de trabajo.

II.3 FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS

Los estudiantes que cursan esta asignatura han venido construyendo una serie de nociones a través de la carrera, dado que Evaluación de Proyectos constituye una asignatura de carácter integrativo y multidisciplinario, ya que por la complejidad de ambientes donde se aplica (educación, salud, inclusión social, producción de bienes y servicios, etc.), requiere de su estudio mediante técnicas sociocognitivas, cognitivas y contextuales, de tal manera que los conocimientos se van enriqueciendo de manera progresiva y colaborativa.

El supuesto metodológico utilizado sobre cómo aprenden los estudiantes, para esta asignatura en particular, responde bastante bien a lo planteado por Brousseau sobre el estudio de las Matemáticas: acción (desarrollo de nociones), formulación (evocación de nociones), validación (esto se logra mediante tareas áulicas y ex aula, grupales e individuales, donde el docente orienta y estimula la curiosidad científica del estudiante), institucionalización (esto se logra mediante retroalimentación grupal e individual de parte del docente) y devolución (como parte de la retroalimentación se les indica a los estudiantes cuáles son las áreas de mejora en que deben trabajar, dado que sus nociones no están bien desarrolladas todavía); de ahí, se puede notar que se sigue cierta secuencia con grados crecientes de dificultad.

Este proceso de construcción lógica responde a lo señalado por dicho investigador, sobre la enseñanza de las Matemáticas, tal como aparece en el siguiente extracto:

“Durante cierto tiempo pensé que los modelos de situaciones utilizados para describir las relaciones de los alumnos con las matemáticas eran suficientes para describir también la relación de los profesores con sus alumnos.
Pero la observación mostraba que el profesor debe intervenir para mantener cierto, equilibrios entre lo que se conoce, lo que se puede decir, lo que se muestra y lo que se ha acordado saber.
Por ejemplo, en ciertas ocasiones, algunos profesores no quisieron seguir con enseñanzas teóricamente satisfactorias aunque éstas consistían en series de situaciones de acción, de formulación, de pruebas, bien concebidas y articuladas. Había que preguntarse por qué.
Entonces aparecieron distintas paradojas. Un alumno puede desarrollar un conocimiento parecido a uno ya establecido en la sociedad, pero no puede saber cuál es la posición, importancia, devenir, etc. de este conocimiento. El constructivismo radical puede ser apropiado para sociedades aisladas, pero no para la enseñanza. Tuvimos que admitir que era indispensable un nuevo tipo de intervenciones: la institucionalización de los conocimientos enseñados.
Más correctamente, el profesor debe reconocer e interpretar algunas acciones de los alumnos en detrimento de otras y organizar la totalidad en una historia coherente en la que alumnos puedan distinguir lo que deben aprender o saber de lo que deben hacer para ello. El profesor debe mantener los equilibrios necesarios mediante intervenciones específicas que no eran representables en la teoría que acabamos de presentar (la de las situaciones matemáticas).
Ya en 1975 empezamos pues a presentir los límites de nuestro punto de vista inicial.
La observación de alumnos con dificultades puso entonces en evidencia la naturaleza de las dificultades que un profesor encuentra cuando quiere obtener que el alumno actúe "por sí mismo" sobre un problema que le propone. Llamamos devolución a esta transferencia de responsabilidad.
Plantear una pregunta, transmitir al alumno un enunciado o una consigna, hacer entrar a los alumnos en una situación dada, son tareas que plantean a los profesores problemas de tipo distinto de los ya considerados.
Por un lado el alumno debe producir personalmente lo que dice o hace como si él mismo fuera el autor, en lugar de citar o recitar. Debe pues aceptar la responsabilidad de resolver problemas mediante conocimientos que todavía ignora y que no se le han enseñado… lo que es formalmente contradictorio.
Ningún profesional aceptaría un trato así.
El profesor y el alumno entran entonces en lo que nos pareció en aquella época como la negociación de los que bautizamos como un "contrato didáctico", imposible de explicitar por sus contratantes, e incluso de mantener, siempre roto y siempre reconstruido, a través del cual se crea el conocimiento del alumno.” /
Fuente: http://www.sochiem.cl/sochiem/documentos/XII/Plenarias/cpl_03.pdf

Por otro lado, conforme ha evolucionado la tecnología, muchas técnicas de cálculo han sido incorporadas en programas para computadora; así que el uso de las nuevas herramientas demanda de la intervención del docente para ayudarles a los estudiantes en la comprensión de los resultados, ya que la máquina no puede discriminar si la información ingresada al programa está bien y mucho menos, interpretar los resultados para los usuarios.

El uso intensivo de aplicaciones en Excel y otros programas requiere de técnicas socio-cognitivas, ya que el estudio individual –cognitivo- es insuficiente; mientras que algunos conceptos pueden resultar confusos para el lector, al inicio, posiblemente por la calidad comunicativa de los autores de textos de evaluación social de proyectos, quienes parten del supuesto de que los lectores son personas ya iniciadas en dicho asunto.

Sin el desarrollo de estas habilidades y de los conocimientos necesarios sobre el valor del dinero en el tiempo, las decisiones de los directores de organizaciones públicas continuarán adoleciendo de falta de criterios científicos para la asignación de recursos colectivos (pago de impuestos) y la población no obtendrá todos los beneficios potenciales del uso responsable de sus impuestos.

II.4 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS

Las técnicas para evaluación financiera no han evolucionado tanto en los últimos años, salvo que se han desarrollado soluciones computacionales que simplifican el esfuerzo y le agregan precisión a los cálculos; pero la parte de la evaluación económica y social continúa siendo un desafío, ya que los beneficios esperados de la realización de algunos proyectos siguen representando dificultades, incluyendo varios de carácter conceptual.

Esto se deriva de la dificultad que supone valorar económicamente ciertos beneficios de la ejecución de proyectos, como sería la reducción de la incidencia de ciertas enfermedades sobre una comunidad, gracias a la introducción de agua potable, por ejemplo; o cómo valorar la mejora en la calidad de vida de la población infantil con VIH, a pesar de que sabemos que las consecuencias de la enfermedad son irreversibles /; cuál sería el beneficio de conservar un bosque, a pesar de que se necesita espacio para construir viviendas; cuál sería el beneficio de reducir la contaminación ambiental al hacer más expedito el tráfico de vehículos en horas pico; etc.

Todavía se está trabajando en metodologías para llevar a la práctica la modelación representada mediante esquemas marginalistas a la comunidad científica; pero su aceptación está mediatizada por valoraciones morales inclusive, en algunos casos.

Partiendo de lo anterior, el paradigma que cobija este desarrollo es un híbrido entre el positivismo y la fenomenología, ya que la experiencia nutre la teoría y viceversa; los modelos teóricos buscan asidero en la práctica, dado que las metodologías tratan de encontrar aproximaciones a los constructos ideales, formales, académicos o matemáticos, si se quiere.

Tomando esto en consideración, resulta lógico el desarrollo de la asignatura comenzando con la evaluación financiera de proyectos, puesto que nos permite familiarizarnos con la técnica, tomando directamente del mercado los precios de los bienes y servicios transados, a fin de establecer si una inversión privada es rentable o no, para luego ir complejizando el análisis mediante el desarrollo de categorías como las externalidades, la distorsión de los precios por la intervención del Estado en la economía, así como las imperfecciones del mercado provocadas por los diversos niveles de concentración industrial observados en la economía (monopolios, oligopolios y competencia monopolista).

De hecho, el desarrollo de competencias plenas para valorar proyectos públicos y sociales, adecuadamente, requeriría que los estudiantes provinieran del área de las ciencias económicas y, de preferencia, que fueran economistas, debido al reducido número de horas disponibles para desarrollar ciertos contenidos para alcanzar los objetivos de aprendizaje de la asignatura, tal como lo exige la técnica de secuencia didáctica para la asimilación de conceptos como los precios sombra o los precios mentirosos. /

II. 5 INTENCIONES Y COMPENTENCIAS DE APRENDIZAJE

Las competencias de aprendizaje están relacionadas con los conocimientos sobre los principios que rigen la Teoría del Valor Actual, cuáles son sus componentes principales y cómo se aplican en la realidad.

En ese sentido, los objetivos de aprendizaje comprenden aspectos conceptuales (teoría), procedimentales (cómo aplicar estos conceptos a través de fórmulas, tablas, interpolaciones y programas para computadora) y actitudinales (para qué utilizar estos recursos y podérselos explicar convincentemente a potenciales inversionistas, compañeros de clase y eventualmente, alumnos).

En ese sentido, los contenidos no se limitan a conceptos, sino que incluyen técnicas de cálculo y dominio de herramientas básicas para computadora, métodos de análisis de casos y solución de problemas.

Eso significa que la estrategia didáctica debe combinar actividades cognitivas (estudio individual), y debe ser orientada mediante guías de trabajo, controles de lectura y guías sociocognitivas (estudio de casos y discusión en clases) y contextuales (interacción en el ámbito áulico e intercambio de consultas mediante correo electrónico).

Esta es una disciplina, entonces, que no puede reducirse al aula de clases, ya que requiere de trabajo individual importante para cubrir adecuadamente los objetivos de aprendizaje y desarrollar las competencias para aplicar estas técnicas de evaluación financiera a casos particulares.

Se presenta a continuación un resumen de una hoja de planificación para esta clase.














Cuadro 2
HOJA DE PLANIFICACIÓN DE CLASE 3 UNIDAD 2


(Fuente: Programación de clases para la asignatura Evaluación de Proyectos de Inversión, Maestría en Gestión Pública)
En dicho resumen se destacan algunos indicadores de desempeño y los criterios de evaluación, básicos para evaluar el grado de cumplimiento de las metas educativas de manera permanente, siendo los criterios de evaluación: la capacidad de análisis de los problemas planteados, la propuesta de soluciones factibles, el grado de integración de equipos de trabajo funcionales y la precisión de los cálculos.
El índice de desempeño estaría relacionado con los resultados obtenidos en las evaluaciones sumativas y formativas.
Al terminar las 18 sesiones presenciales, el desarrollo de las tareas ex aulas y los ejercicios prácticos, los estudiantes tendrán la capacidad de evaluar proyectos de inversión privada, pública y social e inclusive, identificar si los proyectos están formulados razonablemente bien, dadas las circunstancias que rodearon su elaboración o si adolecen de fallas que deben subsanarse antes de su evaluación definitiva y ejecución posterior.
III. CONCLUSIONES
Este tipo de ejercicios de reflexión sobre la estructura integral de los programas de las asignaturas en que están agrupadas las áreas de estudio de las carreras servidas por los centros de educación superior y que están alineados, a la vez, con la propuesta de intervención de las universidades en el medio social donde operan, estando condicionadas por las leyes de educación del país y las políticas públicas del Gobierno, representa una fuente valiosa de aprendizaje para el docente, ya que muchos profesores no se han puesto a pensar, aún, en la coherencia existente entre la planificación y la dirección educativas, con los planes de estudio que administran y que forman parte del currículo institucional de los centros de enseñanza.
El despliegue de dicho currículo permea la estructura organizacional de la Universidad y explica la manera en que está diseñada su supraestructura y las necesidades de infraestructura que la obligan a una renovación constante, así como la importancia que tiene en todo esto el cuerpo docente que está a su servicio.
Dependiendo del grado de incidencia buscado, así se definen las cadenas principales de valor de los centros (proyección social, investigación y docencia, por ejemplo), las cuales requieren, naturalmente, del auxilio de unidades de apoyo, para que la población usuaria de sus servicios perciba que es la razón de ser de dichas instituciones de educación.
Las carreras deben responder a una necesidad percibida del mercado (perfiles profesionales en función de un conjunto predeterminado de competencias), pero, además, debe incidir sobre su evolución futura, de tal manera que su incidencia debe ser de doble vía, nutrirse de las demandas inmediatas del mercado y de la sociedad en general, pero además, incidir sobre la evolución futura de éstas.
Las carreras deben diseñarse en función de competencias y agruparse por áreas de aprendizaje, las cuales a su vez deben desplegarse en asignaturas que se refuercen entre sí para alcanzar los perfiles profesionales de salida perseguidos por la Universidad.
Las asignaturas deben desplegarse a su vez en unidades de aprendizaje y las estrategias didácticas contener una combinación equilibrada de metodologías cognitivas, socio-cognitivas y contextuales.
Las evaluaciones de presaberes deberían reforzar el grado de desarrollo secuencial de las competencias y medir el grado en que éstas se van escalando a lo largo de cada disciplina, para emitir una opinión sobre las competencias adquiridas por los graduados a lo largo de la carrera. Para guiar este esfuerzo es válida la aproximación del profesor Brousseau, sobre el modo en que los estudiantes aprenden una disciplina como las Matemáticas, pero que a su vez, se puede generalizar para otras asignaturas.
Las unidades que se deben desarrollar mediante clases, deben planificarse considerando cierto balance entre el trabajo cognitivo, el sociocognitivo y el contextual, teniendo claro cuáles son los objetivos de aprendizaje de cada clase, la secuencia de actividades didácticas y los indicadores que nos ayudarán a medir el desempeño de los estudiantes; todo ello con el ánimo de mejorar nuestra incidencia sobre su proceso de aprendizaje.
En todo esto, los libros de texto y las guías de lectura son un apoyo invaluable para el docente en el ejercicio de su práctica docente, ya que le permite compartir mucho más con los estudiantes su esfuerzo personal de aprendizaje.
IV. BIBLIOGRAFÍA

 BIXIO, Cecilia; Enseñar a Aprender, construir un espacio colectivo de enseñanza-aprendizaje; HomoSapiens; Argentina 2005.
 CHADWICK, Clifton B.; Tecnología Educacional para el Docente; Paidós; España 1997.
 GALO DE LARA, Carmen María; El Currículo en el Aula, los componentes didácticos, Piedra Santa editorial; Guatemala 2003.
 IMBERNON, Francisco; La Formación del Profesorado; Paidós, España 1994.
 ZULUAGA G., Olga Lucía y otros; Pedagogía y Epistemología; Cooperativa editorial MAGISTERIO; Colombia 2003.

NUEVA GESTIÓN PÚBLICA, PARADIGMA CONTEMPORÁNEO PARA LA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

Por: Francisco Sorto Rivas

Palabras clave:
Nueva Gestión Pública, Valor Público, Gerencia Pública, Legitimidad, Sistema de Inversión Pública, Evaluación Social de Proyectos Públicos, Colectivo Imaginario, Rendición de Cuentas, Ciudadanía Política.
Resumen:
Este artículo es una reflexión sobre la ruptura del paradigma tradicional de la administración pública y la responsabilidad de los gobernantes para el manejo de los recursos colectivos en beneficio de la población en general y de los sectores sociales menos favorecidos, en particular.
El argumento central del ensayo es que los resultados de la gestión pública, en términos de eficiencia presupuestaria y eficacia, en cuanto a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios de las instituciones públicas, pasa por la idoneidad en la designación de sus directores, de la conformación de sus órganos de gobierno y de su compromiso de gestionar las instituciones bajo su control, en función del bien común y según las misiones institucionales que justificaron, en su momento, la creación de diversas oficinas de gobierno.
Además, se sostiene que el desempeño institucional debe coordinarse a través de algún sistema de planificación que permita un resultado más efectivo de la ejecución de las políticas públicas implementadas a través del aparato del Estado, de tal manera que las acciones de cada institución refuercen las de otras y se potencie así, mejoras duraderas en las condiciones de vida de la población.
En todo caso, esto no sería posible si no se evaluara, ex ante, la asignación de los recursos públicos entre diversas alternativas de inversión, las cuales reportarían retornos sociales distintos entre sí; esto acrecentaría la riqueza nacional, ya que, de tomarse las decisiones correctas, los recursos distraídos de la producción privada, a través de los impuestos, generarían servicios apreciados por la población en general, sobre compensándose así a nivel general, el sacrificio original efectuado por los contribuyentes.
Esta gestión, dado que se hace en representación de los ciudadanos que eligieron al Gobierno, debería disponer de canales a través de los cuales los gobernados pudieran expresar su satisfacción o no, con las decisiones tomadas por sus representes.
INTRODUCCION
El reciente cambio de Gobierno constituye un hecho relevante, en términos de la forma de hacer política pública y concebir la relación que existe entre gobernantes y gobernados, lo cual invita a reflexionar, desde la academia, sobre los modelos dominantes de administración de la cosa pública, de la función positiva del Estado en la sociedad, del control cruzado del ejercicio democrático del poder y acerca del manejo transparente de los recursos colectivos.
Hasta hace poco tiempo, al menos en muchos de nuestros países latinoamericanos, se consideraba “solapadamente” que las funciones del Estado eran más que todo de carácter administrativo, y no de regulador de las imperfecciones del mercado, controlador de las externalidades económicas del sistema, compensador de las condiciones de inequidad observadas en la distribución del ingreso y la riqueza en la sociedad, aunque se aceptaba, a regañadientes, que tenía alguna responsabilidad con la promoción del desarrollo y el bien común. Debido a esta visión conservadora férreamente defendida por el establishment, la exigencia pública sobre la gestión de sus gobernantes era relativamente modesta, debido en parte por el incipiente grado de conciencia que había acerca de los derechos políticos de los ciudadanos, por un lado; mientras que por el otro, por los métodos brutales de control social con que se enfrentaban la diversas expresiones de descontento civil, las cuales eran señaladas automáticamente como intentos desestabilizadores que debían ser sofocados sin ningún tipo de consideración.
Si bien es cierto que en El Salvador el ejercicio del monopolio de la violencia por parte del Estado registró cambios positivos a partir de la firma de los Acuerdos de Paz y del advenimiento de Gobiernos democráticamente electos, no se puede negar que el aparato público continuó funcionando con todas las deficiencias propias de sociedades con esquemas de participación poco desarrollados y donde los encargados de la gestión pública no se preocupaban mucho por la rendición de cuentas ante la ciudadanía en general, y de los usuarios directos de los servicios prestados desde las instituciones gubernamentales, en particular.
Esta forma de gobernar se ha venido transformando en las últimas décadas, en diversas latitudes del continente y como resultado de un estudio profundo de diversos aspectos relacionados con la administración pública, acerca de la gobernabilidad por ejemplo, la legitimidad, la creación de valor público, la planificación estratégica, la administración responsable de las instituciones del Estado, la preocupación por la ciudadanía política y social, la ampliación de los espacios públicos para la inclusión ciudadana en la definición de políticas, entre otras, se cuenta con una basta producción de informes sobre la administración pública en nuestra región, y aunque muchos de ellos comparten la preocupación por problemas comunes, no son parte de una sola escuela de pensamiento, aunque sí son coincidentes con una nueva visión sobre la gestión institucional, la cual desafía, naturalmente, los enfoques tradicionales de la administración burocrática y trasciende, inclusive, el desarrollo posterior de enfoques sobre eficiencia, eficacia, economía y calidad, promovidos por organismos como el Banco Mundial, el FMI, CEPAL o el BID.
Consideramos por lo tanto, desde la academia, que existen condiciones favorables para revisar, a profundidad, los viejos paradigmas sobre la administración pública, la rendición de cuentas, la contraloría social, la ciudadanía política y la legitimidad de un Gobierno democráticamente electo; es más, no sólo lo consideramos conveniente, sino como una obligación, ya que dos de los ejes centrales del trabajo de cualquier centro de estudios superiores, consisten en la investigación y en la proyección social, los cuales complementan su misión de formación educativa.
NUEVA GESTIÓN PÚBLICA (NGP)
Habiendo enmarcado brevemente la motivación de este ensayo, dada la coyuntura histórica que vivimos y el grado de madurez ciudadana observada en materia de contraloría social, vamos a hablar un poco sobre algunas categorías conceptuales que abarca la NGP.
Debemos comenzar diciendo, entonces, que este enfoque supone una ruptura con la forma de administrar la cosa pública observada en nuestro entorno, a pesar de las diferentes iniciativas impulsadas, hasta la fecha, por mejorar el desempeño del Gobierno y convertir a los directores de instituciones, en verdaderos gestores (gerentes) inspirados por el bien común, el control cruzado y la representación ciudadana dentro de nuestro régimen político.
Basta observar el funcionamiento de algunas de nuestras instituciones para percatarnos del bajo compromiso que tienen sus órganos de Gobierno, en crear valor público para la ciudadanía, dada la preocupación percibida a través de sus procesos y productos entregables a la sociedad, en general y a sus usuarios, en particular, que no responden a sus necesidades y aspiraciones; pareciera que fueron diseñados deliberadamente para desalentar a los usuarios de acceder a los servicios públicos que están obligados a entregarles.
Si comparamos los servicios públicos con los privados, veremos que éstos últimos son producto de procesos estandarizados, pensados y diseñados en función de la satisfacción del cliente; mientras que en las instituciones públicas, el desgano, los procesos mal definidos y el desinterés por la satisfacción de los usuarios se convierten en características ontológicas de este tipo de instituciones y que tienden a estigmatizar, generalmente, al funcionario público.
La preocupación por la forma, más que por el contenido, conduce a decisiones poco lógicas en la administración pública, donde se redefinen funciones y ejecutan acciones, sin reparar en el propósito final de las instituciones que gobiernan; esto explica que las organizaciones del Estado suelan analizarse como fines en sí mismas y no, como medios para alcanzar objetivos de política pública.
En esto consiste, en gran medida, el desarrollo conceptual de la NGP, en el interés de redimir el sentido teleológico de la burocracia, resaltando su calidad de medio para la administración efectiva de las políticas públicas, según sean las competencias que le han sido confiadas por el Órgano Ejecutivo.
Esto significa que la NGP pretende revolucionar la administración pública, reenfocando sus esfuerzos al cumplimiento eficiente de los objetivos que justificaron la creación de la instituciones gubernamentales, procurando satisfacer, a la vez, las expectativas de los usuarios, de tal manera que éstos evalúen bien la gestión de sus titulares y legitimen la existencia misma de las referidas instituciones por considerarlas necesarias para operativizar políticas y satisfacer necesidades colectivas.
Hasta ahora, lo observado en varias instituciones se conoce, en el argot de los negocios, como conflictos de interés entre principal-agencia, donde los administradores de una empresa terminan gestionando los recursos aportados por los dueños, en función de sus propios intereses y no, procurando maximizar el valor de la empresa y las ganancias de los accionistas.
En el Gobierno los accionistas son los ciudadanos, los contribuyentes, los que con sus aportes sufragan el funcionamiento de las instituciones públicas; mientras que los encargados de la dirección de éstas, hacen las veces de directores y gerentes de empresas privadas, de tal manera que las instituciones deberían administrarse para acrecentar la riqueza de los ciudadanos y mejorar sus condiciones de vida; a esto se le llama en la NGP: "Creación de valor público".
El profesor Mark H. Moore ha trabajado desde hace más de una década en esta visión de la gestión responsable de las instituciones, las cuales deben estar comprometidas con la legitimidad proveniente de la percepción positiva de sus usuarios, acerca de la calidad de los servicios recibidos de éstas, de tal manera que dichos conceptos no son nuevos, pero sí su aplicación a realidades como la salvadoreña, donde los resultados de la gestión pública no se traducen, necesariamente, en mejoras sustanciales y permanentes de las condiciones de vida de la población, dando la impresión que hemos perdido la batalla contra la pobreza y la exclusión social, puesto que las estadísticas indican avances y retrocesos recurrentes en los índices de desarrollo humano del país.
Así como este autor ha sistematizado la experiencia de la administración pública norteamericana y ha tratado de transferir algunas de las mejores prácticas de la gestión de negocios, a la administración del Gobierno; también existe mucha literatura a nivel de América Latina, que constituyen referentes obligados para evaluar alternativas de reformas del aparato público, como son los trabajos de: Bresser Pereira, Martínez Nogueira, Guillermo O´donnell y los profesores Jorge Hintze y Oscar Oszlak del programa de Tecnología para la Organización Pública.
En ese sentido, existe abundante literatura, desarrollos teóricos y experiencias prácticas que nos permiten afirmar que la gestión pública puede mejorarse sustancialmente en nuestro país y trascender hacia una verdadera legitimidad ciudadana, incorporando prácticas de gestión privada al quehacer público, sin olvidar el propósito de tales reformas, las cuales deberían buscar potenciar al Estado, como ente supraeconómico, para corregir las distorsiones en la organización industrial de algunos mercados, las externalidades negativas del funcionamiento mismo del sistema, las inequidades económicas y sociales, así como proveer bienes públicos y mejorar su capacidad de intervención sobre el desarrollo económico de la sociedad. No se busca con ello debilitar la capacidad gubernamental para evitar abusos cometidos por algunas empresas, al amparo del ejercicio desnaturalizado de supuestos "derechos individuales".
ASPECTO CENTRAL DE LA NGP PARA REFLEXION
Son múltiples las categorías que podrían agruparse bajo el concepto de Nueva Gestión Pública, pasando por las políticas de comunicación interna y externa de las instituciones públicas, la calificación del recurso humano y su gestión en general, la adopción de prácticas de planeación estratégica, la rendición de cuentas, la transparencia, la alineación presupuestaria con la misión institucional, la meritocracia, los planes de carrera, el diseño de procesos y entregables según las necesidades de los destinatarios de las políticas gestionadas a través de las instituciones gubernamentales, etc.; sin embargo, un elemento esencial para romper el círculo vicioso del pobre desempeño de la gestión pública, consiste en convertir a los directores de las instituciones públicas en verdaderos gerentes que administran recursos colectivos para alcanzar el logro de ciertos objetivos y cuyo desempeño debería ser evaluado, regularmente, para determinar su idoneidad para el puesto y tomar así, las medidas pertinentes, a nivel Ejecutivo, para garantizar un buen desempeño público global.
Son estas competencias gerenciales las que permiten asignar, eficientemente, los recursos presupuestarios a disposición de las organizaciones, destinándolos hacia aquellas actividades con mayor rentabilidad social y donde el impacto positivo sobre las condiciones de vida de los usuarios resulte duradero.
El uso de los recursos institucionales, entonces, debe distribuirse entre las alternativas existentes, las cuales deben evaluarse, como sucede en el sector privado, donde el propósito del Gobierno Corporativo es incrementar o preservar, al menos, el valor de la organización, es decir, maximizar el valor de la empresa.
En el caso del Gobierno, esto no debería ser distinto, dado que la inmaculada ejecución presupuestaria, per se, no constituye ninguna garantía de mejora en la riqueza social, ni de la mejora en el nivel de vida de la población.
El gasto de ingresos públicos que no se traduce en beneficios sociales, representa, para todos los efectos prácticos, una destrucción de riqueza nacional, ya que el Estado habría distraído recursos de actividades productivas ejecutadas por el sector privado (impuestos) para despilfarrarlos posteriormente.
La disposición para asumir el compromiso de manejar racionalmente los recursos colectivos sería una de las virtudes deseadas en los gerentes públicos, ya que el dinero que se malgasta en actividades improductivas, reducen en esa misma proporción la disponibilidad de fondos para atender servicios meritorios, como la salud pública, la educación pública, la conservación de la infraestructura económica y social del colectivo imaginario, la seguridad ciudadana, etc.
Los encargados de la gestión de las instituciones públicas deberían contar, entonces, con competencias administrativas demostradas para gestionar recursos presupuestarios escasos entre múltiples necesidades sociales, particularmente, si tomamos en cuenta que muchos salvadoreños carecen de ingresos suficientes para satisfacer algunas de sus necesidades básicas, dependiendo para ello únicamente del gasto público.
Es por eso que los encargados de la administración pública deben ser más probos, inclusive, que los gerentes privados, ya que los recursos colectivos captados como tributos deben retornar a la población en general en forma de servicios y, particularmente, para los menos afortunados.
El cambio de paradigma sobre la administración tradicional e inclusive, del promovido recientemente por organismos del sistema de Naciones Unidas, resulta imprescindible para avanzar hacia un régimen democrático participativo, donde el ciudadano sea parte del proceso de construcción de los espacios económicos, políticos y sociales del futuro y pueda, a través de éstos, convertirse en un pilar fundamental para la controlaría social, a falta de otros mecanismos permanentes más apropiados para el control social de la gestión pública.
Las competencias y habilidades para desempeñarse como gestores públicos deberían ser parte de los atributos básicos de los funcionarios, al asumir este tipo de cargos, a fin de garantizar el uso eficiente de los recursos colectivos y el cumplimiento de las misiones que inspiraron la creación de las instituciones que dirigen; adicionalmente a ello, dada la forma en que han sido distribuidas las facultades del Órgano Ejecutivo entre los designados por el Presidente de La República, resulta lógico pensar que algunas instituciones tendrán que realizar actividades para la implementación de determinadas políticas, en la frontera de las esferas de competencias de otras instituciones, que existan además, espacios de actuación sin responsables designados para ello y, en el peor de los casos, que se den ciertas duplicidades de atribuciones; es por esta razón que las competencias al frente de las instituciones públicas deben ir acompañadas de un constructo estatal que facilite la coordinación de acciones interinstitucionales, abarcando inclusive a entidades ajenas a la esfera pública y/o gobiernos locales.
Ahora bien, las competencias serían una condición necesaria, pero no suficiente, para una gestión eficiente como la sugerida por la NGP, ya que además se requiere del compromiso del servidor público por atender, efectivamente, las necesidades y expectativas de los usuarios de las instituciones que dirigen, siendo su desempeño, un elemento central que debería evaluarse, regularmente, para desplegar apropiadamente los planes de Gobierno a través de los planes anuales operativos institucionales.
Retomando el tema de la coordinación interinstitucional, cabe señalar que con ello se haría un mejor uso de los recursos sociales, tanto privados como públicos; a manera de ejemplo, se puede decir que el manejo de los desechos sólidos de una ciudad, resultaría más complicado, si no se contara con la colaboración de la ciudadanía y de la empresa privada al depositar la basura en los medios, forma (organizada por tipo de desecho, es decir, vidrio, papel, lata y desechos orgánicos) y horarios previamente establecidos por la municipalidad.
El señalamiento anterior nos lleva a reflexionar sobre la imperiosa necesidad de restablecer la capacidad de coordinación que tenía delegada, en su momento, el Ministerio de Planificación; este comentario no significa que se carezca de procedimientos de coordinación formales y permanentes en este Gobierno, ni en los anteriores por supuesto; significa únicamente que resultan insuficientes para la ejecución cinergética del Presupuesto General de la Nación y para la optimización del beneficio social esperado de la gestión pública.
EVALUACION SOCIAL DE PROYECTOS
Ya se ha mencionado que una de las características esenciales que deberían tener los funcionarios públicos, es la idoneidad para el cargo, de tal manera que las decisiones que tomen al asignar recursos colectivos, generen el mayor valor público posible para la población en general; esto nos permite afirmar que la única manera de lograrlo consiste en obtener rendimientos sociales por la ejecución de proyectos públicos, por encima de los recursos invertidos.
La inversión productiva de dichos recursos, desde una perspectiva social, incide sustancialmente sobre los resultados de la gestión de todo Gobierno; haciendo un parangón con el sector privado, se puede decir que cuando los recursos de las organizaciones se invierten apropiadamente, el valor de las empresas crece; caso contrario, cuando las decisiones de inversión son desafortunadas, se destruye parte del valor de las organizaciones. Si los recursos públicos generan rentabilidad social, la comunidad se beneficia; caso contrario, frente a las decisiones de inversión irracionales, desde el punto de vista social, se puede terminar destruyendo parte de la riqueza de la nación.
Para garantizar que los proyectos públicos contribuyan al desarrollo económico del país se necesita restaurar el sistema de inversión pública que se diseñó hace algunos años, a fin de seleccionar los proyectos institucionales con VAN social positivo; con ese banco de proyectos institucionales factibles, se pueden hacer priorizaciones que faciliten la asignación eficiente de los recursos públicos, así como una mejor gestión de financiamiento ante la falta de recursos suficientes para implementarlos.
La disponibilidad de proyectos factibles constituye entonces, un elemento central para la formulación del presupuesto de capital para cualquier organización; esto no debería ser una excepción para el Gobierno. Al hablar de presupuesto de capital nos referimos a la priorización de proyectos, según montos de inversión y tasas de retorno social, así como a la identificación de fuentes para su financiamiento y la programación de desembolsos en el tiempo.
Este sistema de inversión pública debería operar estrechamente con el Ministerio de Hacienda, dado que constituiría un insumo fundamental para la elaboración y ejecución del presupuesto.
Sin embargo, la responsabilidad de evaluar, centralmente, o de definir los criterios para hacerlo, de forma descentralizada, no debería corresponder, necesariamente, al Ministerio de Hacienda; podría habilitarse una oficina especializada en evaluación de proyectos y desarrollo de metodologías que permitieran formular y evaluar proyectos públicos y sociales.
Esta oficina debería determinar además, los precios de cuenta necesarios para cuantificar los beneficios y costos sociales relacionados con dichos proyectos, así como la tasa social de descuento para valorar los beneficios sociales esperados al ejecutarlos.
CONCLUSIONES
En este breve ensayo se ha pretendido enfatizar la necesidad de promover de una verdadera gerencia pública para las instituciones de Gobierno, a partir de aportes teóricos pertinentes y la experiencia empírica disponible en nuestro continente, a fin de garantizar un uso eficiente de los recursos presupuestarios y además, eficaz para alcanzar objetivos de política.
Sin embargo, no entramos en pormenores sobre la promulgación de políticas o acerca del proceso de formación de leyes, ya que nuestro interés se centró, más que todo, en las mejores prácticas para la implementación de políticas a través de las instituciones públicas, no en su formulación.
A parte de la idoneidad para ocupar cargos de dirección, en cuanto a competencias administrativas, se señaló que los funcionarios deberían tener, además, una visión preclara de las misiones institucionales de las organizaciones que dirigen.
Se destacó además la necesidad de restablecer los mecanismos de coordinación interinstitucional para ejecutar, de mejor forma, el Presupuesto General de la Nación y alcanzar el máximo bienestar colectivo posible, gracias a la intervención del Estado en la economía.
Finalmente se quiso dejar constancia de la urgencia que hay, en El Salvador, de restablecer un sistema funcional de inversión pública para evaluación de la factibilidad de los proyectos sociales.
Es así como, desde la academia, se ven los espacios abiertos para mejorar la gestión pública en El Salvador, no sólo diseñando programas de formación para los futuros servidores públicos, como ya lo hace la Universidad, sino que además, a partir de la investigación y proyección social, para acompañar al Gobierno en cualquier proceso de mejora que emprenda.
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