SEGURIDAD SOCIAL, POLITICA DE ESTADO

En los últimos años, organismos como la OIT, CEPAL, el CIESS, el BID y el Banco Mundial, entre otros, han estado coordinando iniciativas para desvirtuar el carácter de derechos imperfectos atribuido a los derechos sociales, en realidades como las latinoamericanas, donde la cobertura de servicios esenciales a la condición humana de los ciudadanos ha estado condicionada a la disponibilidad de recursos fiscales para sufragarlos, lo cual limita las políticas sociales en términos horizontales y verticales, es decir, en cuanto al número de población cubierta y la suficiencia de los programas adoptados, convirtiéndose además, en un fuerte condicionante para el diseño de soluciones institucionales ante eventuales contingencias a que están expuestos los trabajadores y sus familias, a lo largo de su ciclo de vida.
Algunos estudios auspiciados por agencias de cooperación internacional demuestran, inclusive, que el principal impacto reportado por los programas asistenciales vigentes en América Latina, en materia de reducción de la pobreza, se encuentra localizado al final de la vida productiva de los trabajadores (cuando son adultos mayores); pero la eficacia de la política social es muy limitada en la etapa inicial de la vida de las personas; esto sugiere la presencia de alguna desorganización entre los programas sociales vigentes en nuestros países -El Salvador no es la excepción- y la necesidad de convertirlos en una verdadera política de Estado, a fin de aprovechar las sinergias institucionales potenciales existentes y la continuidad en el tiempo, de diversas iniciativas que tienden a replantearse, sin análisis suficiente, cada vez que cambia el Gobierno.
Es fundamental por lo tanto construir, de manera participativa, una política social integral que se encargue de dignificar al ciudadano dentro de la sociedad, al considerarlo como el centro del quehacer de la política pública, creando las condiciones adecuadas para que la persona disponga de los medios materiales suficientes para disfrutar, a plenitud, de los derechos que le asisten por su condición humana.
De ahí que las propuestas de organizaciones como el CIESS, por ejemplo, de cambiar el paradigma actual de la seguridad social cobra sentido, al proponer que debería establecerse un perfil de ciudadano modelo, los servicios congruentes con tal condición, el diseño de los programas para crearla, la institucionalidad más adecuada para administrar esos programas, el costo para hacerlos posibles y en función de ello, determinar los medios necesarios para financiarlos; al contrario de lo que sucede actualmente, donde se parte de la disponibilidad presupuestaria para definir qué servicios ofrecer y cuál es el tamaño de la población a ser beneficiada con ellos.